El Informe de Trata de Personas 2015 publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos pone especial énfasis en la relación entre la trata de personas y el mercado global. Se destacan los riesgos ocultos que los trabajadores puedan encontrar en la búsqueda de empleo y las medidas que los gobiernos y las empresas pueden tomar para prevenir este delito, incluyendo una demanda de transparencia en las cadenas de suministro mundiales. 

El Informe principalmente sirve como un barómetro de cada país en relación a la lucha contra la trata de personas. Los países son colocados en uno de cuatro niveles, como lo dispone la Ley de Protección de Víctimas de Trata (TVPA). Esta asignación depende del alcance de los esfuerzos de cada gobierno para combatir el delito basándose en las normas mínimas de la TVPA para la eliminación de la trata de personas, las cuales, en su mayoría, son compatibles con el Protocolo de Palermo.

Perú se encuentra en el nivel 2, en otras palabras, no cumplimos plenamente con las normas mínimas de la TVPA pero se está haciendo esfuerzos considerables para mejorar. El Informe hace nueve recomendaciones específicas desde el paradigma de las 3P [1], pero señala como recomendación principal el aumento de financiamiento para la lucha contra la trata de personas. Considera que nuestros políticos siguen sordos a la recomendación de incremento de presupuesto, observación que se ha hecho en informes anteriores, ya que durante el 2014, el Estado invirtió solo el 0.0025% del Presupuesto General de la República en la lucha contra la trata de personas.

En el 2015, se estima que el Estado está invirtiendo el 0.0032%. A pesar de haberse registrado 3911 víctimas entre el 2009 y el 2014 [2], el informe también crítica la falta de data fiable, remarcando que la trata de personas afecta a las poblaciones más vulnerables con 79.6% de víctimas mujeres y el 56.5% menores de edad, además de que el 84.4% de los casos fueron registrados fuera de Lima.

El paupérrimo presupuesto para luchar contra la trata de personas no sólo refleja la falta de voluntad por parte del Estado de hacerle frente al delito, sino que también refleja su desinterés en las poblaciones que más lo necesitan: madres, padres, hijas e hijos en las diferentes regiones en nuestro país que buscan sobrevivir el día a día. Los tratantes se aprovechan de la necesidad de sus víctimas para captarlas a través de falsas ofertas laborales o promesas de mejorar sus condiciones de vida en el futuro.

Exigimos a nuestros políticos recordar que el Perú es más grande que Lima y que los tratantes aprovechan la ausencia del Estado en las regiones para poder vulnerar los derechos de los olvidados por el gobierno. Para luchar contra la trata de personas necesitamos un presupuesto de acuerdo a la magnitud y complejidad del problema.

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[1] Persecución del delito, prevención del delito y protección a víctimas.

[2] Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.