A seis meses de iniciado el año 2015, es necesario reflexionar y hacer un balance sobre el cumplimiento de las metas trazadas y los retos en el marco de la lucha contra la trata de personas.  

Un primer aspecto es el incremento del número de denuncias. Si en el 2012, se habían registrado 298, y en el 2014 fueron 501, en el 2015 se registran un mayor número de denuncias (236 en el primer trimestre). Solo en Lima, se han registrado el mismo número de denuncias que el 2014. Esto refleja dos situaciones: por un lado, el delito se viene incrementando sistémicamente en todas las regiones del país, y por otro, la capacidad del Estado para recibir las denuncias de la población se ha visto fortalecida, principalmente a través del trabajo de la Fiscalías Especializadas.

Un segundo aspecto es el desarrollo de una Política Nacional contra la Trata de Personas, elaborado por el CONAPOC [1]. Este documento, además de establecer lineamientos y estándares para el desarrollo de los diversos planes, programas y proyectos, plantea un nuevo enfoque en el abordaje de la trata de personas a nivel estatal, como un fenómeno social, además de criminal. Sin embargo, está pendiente lograr coherencia inter-política con las diversas políticas públicas vinculadas a la trata de personas, como son las de protección de la infancia, trabajo infantil, trabajo forzoso, lucha contra la violencia sexual, entre otras.

Es necesario precisar que continuamos en una situación en la que formalmente el Estado peruano ha avanzado en la programación de políticas y normativa en la materia; contamos con 11 leyes referidas a este delito, un plan nacional y cinco regionales, 18 protocolos y guías, y 20 ordenanzas municipales. Sin embargo, existen serias carencias en la implementación de las acciones propuestas, lo que deja al descubierto que continúa la situación de vulnerabilidad y desprotección de las posibles víctimas.

Desde CHS Alternativo hemos venido impulsando diversas acciones para combatir este delito en distintos niveles. Frente a las autoridades y funcionarios nacionales, regionales y locales, hemos trabajo en la sensibilización sobre los graves impactos del delito en las víctimas y en la población en general, promoviendo el debate para el mejoramiento de las políticas públicas y el cumplimiento de las competencias señaladas en la normativa, brindando asistencia y acompañamiento en la implementación de campañas de prevención, persecución y protección a víctimas, así como impulsando la rendición de cuentas.

Frente a la sociedad civil, hemos trabajado arduamente para fortalecer las distintas redes de coordinación internacionales y regionales, como son ECPAT, The Code, GAATW, la Red Andina de Migrantes (RAM), ObservaLaTrata, Kawsay, Mesa de Concertación de lucha contra la Pobreza, entre otras. Asimismo, hemos materializado iniciativas regionales a nivel nacional de auditoria social de la gestión pública en el marco de las Veedurías Ciudadanas, donde participan más de 50 organizaciones, asociaciones y colectivos. Estas estrategias se vienen constituyendo como un mecanismo efectivo de participación ciudadana que contribuye a la rendición de cuentas y a la prevención.

La gestión de información es también un vacío que debemos llenar. Es necesario ampliar el conocimiento sobre los factores, dinámicas e impactos del delito. Para esto, venimos desarrollando diversos estudios a nivel nacional que permitirán generar información objetiva y evidencias en pos de fortalecer las estrategias de intervención.

Finalmente, el presente año, desde nuestro Centro de Atención Legal y Psicológica se ha brindado asistencia a 64 víctimas. La labor de contribuir al rescate, recuperación y protección de las victimas afectadas es una tarea que no tiene descanso. Son más de 3.911 víctimas, en su mayoría niñas y mujeres, que han conocido en carne propia la tragedia de ver interrumpido su proyecto de vida y requiere un valor y coraje sobrehumano sobreponerse a tales condiciones tan denigrantes que vulneran sus derechos humanos, desestabilizan su situación emocional y afectan de por vida su capacidad y las de sus familias para vivir una vida de bienestar y felicidad.

Queda una segunda mitad de año con grandes retos por superar; en coherencia con las políticas públicas, hace falta incluir la de trata de personas dentro del Acuerdo Nacional, a miras de que para el 2016, los partidos y movimientos políticos incorporen el tema en sus planes y propuestas de gobierno. Junto a eso, es necesario promover el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales para enfrentar día a día los impactos del delito, aterrizando de manera efectiva las acciones del Plan Nacional y los Planes Regionales de lucha contra la Trata de Personas. Finalmente, la respuesta de la sociedad civil organizada no puede esperar, debe asumirse un rol protagónico en la protección de los derechos de los más vulnerables, mirando la problemática de frente, sin rodeos ni concesiones.

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[1] Consejo Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.