Los retos en seguridad ciudadana en el Perú son altos, los temas que abordar diversos, somos testigos de la evolución del delito asociado a la minería ilegal, lavado de activos, uso de nuevas tecnologías, tráfico ilícito de migrantes, y uno de los peores delitos por su impacto en la integridad de las personas y por la sostenibilidad en el tiempo de victimización, nos referimos a la trata de personas.

Frente a esta situación, la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden no va al ritmo del delito, complicándose la labor de los operadores de justicia; aún más en el caso de trata de personas, donde a diferencia del delito en general, las víctimas son mujeres [1] en situación de pobreza que se ven atraídas por las posibilidades de mejorar sus ingresos, cayendo finalmente en redes de tráfico de personas, principalmente para la explotación sexual; no existe un gobierno con capacidad de supervisión, niños, niñas y adolescentes son transportados de una región a otra sin autorización ni documentos y en las pocas estaciones de control el soborno garantiza la impunidad de los traficantes.

Se ha demostrado que factores como la permisividad o la tolerancia social, la corrupción y la impunidad deben ser atendidas como parte del problema de la inseguridad y la trata de personas, ya que si no se combaten dichos factores, los delitos continuarán siendo rentables para los delincuentes.

Por otro lado, la normatividad para enfrentar el crimen común y el organizado es frondosa y en ocasiones contradictoria o contraproducente. Existen algunos avances en la lucha contra la trata de personas, sobre todo a nivel normativo, pero son insuficientes mientras problemas como la informalidad, la ausencia de presupuesto y los niveles de pobreza se mantengan en los niveles actuales.

Se hace necesario que el Estado tenga una mirada sistémica del crimen para poder establecer estrategias eficaces; abordar el delito de la trata de personas requiere atención a los diferentes cambios que viene experimentado en su estructura y en sus modos de relación con otros tipos penales o delitos, un avance será asegurar el abordaje conjunto del problema, generando para ello la institucionalización de espacios de diálogo, decisión compartida y vinculante, entre la sociedad civil y los gobiernos regionales y locales además de lograr sincerar la situación de los registros de casos de trata de personas en el Perú y exigir el cumplimiento de lo dispuesto en las normas con relación a la divulgación de las estadísticas que maneja el RETA a nivel nacional, en ese sentido seguimos pendientes de la integración al SISTRA, que maneja el Ministerio Público, e insistir en que el Poder Judicial cumpla con la obligación de generar estadísticas accesibles sobre los casos judicializados a nivel nacional.

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[1] Informe Defensorial N° 158 - Defensoría del Pueblo