Durante los últimos meses se han expuesto, a través de diferentes medios, variada información con respecto a propuestas de políticas para los próximos cinco años de gobierno, consideramos clave que en ellas se aborde la trata de personas y las estrategias propuestas para combatirla.

Después de un detallado análisis a los 19 planes de gobierno, comprobamos que solo algunos de ellos incluyeron a la erradicación de la trata de personas y sus delitos afines como materia de trabajo. 

En este sentido, consideramos positivo que tanto Peruanos Por el Kambio (PPK) como Fuerza Popular (FP), partidos que pasaron a la segunda vuelta electoral, hayan realizado propuestas interesantes para la lucha contra este delito porque sabemos que el trabajo del gobierno sobre la prevención, protección, persecución y sanción para enfrentar la trata de personas requiere especial atención y compromiso para que sea efectiva, aún más si consideramos que este delito es casi tan rentable como el tráfico de drogas, y que en nuestro país existen alrededor de 5,400 víctimas [1], de las cuales el 79% son mujeres y más del 56% menores de edad.

De esta síntesis a los planes de gobierno, nos queda claro que el enfoque de abordaje sobre trata de personas que han realizado los partidos políticos PPK y FP, ha sido en el marco del crimen organizado (Ley 30077), que refiere expresamente al tráfico ilícito de drogas, sicariato y lavado de activos como los flagelos más preocupantes.

Si bien las propuestas planteadas son importantes, se evidencia que para el desarrollo de ellas, debe considerase un enfoque de integración; por ejemplo, el partido PPK plantea la prevención y protección a las víctimas de trata sin mencionar estrategias que a largo plazo implique la restitución de todos los derechos que ellas poseen; por otro lado sobre el tema presupuestal, propone el financiamiento del diseño e implementación para el Plan de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2016-2021, que deberá implicar además el monitoreo del gasto no solo a nivel central sino en el marco de la descentralización así como la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante el Congreso de la República, que durante el año 2015 no se ha realizado a la fecha.

Por su parte, el partido FP plantea la creación de una instancia de coordinación del más alto nivel que vigile y exija el cumplimiento del PNAT, que llevaría a garantizar los recursos provenientes del presupuesto de la República.

Sobre la difusión de información que apunta a la prevención del delito, los dos partidos políticos proponen campañas de lucha contra la trata de personas dirigidas a la población general, sin embargo lo que se requiere son intervenciones integrales desde los sectores del Estado en relación a esta propuesta; por ejemplo, habría que evaluar el nivel de conocimiento sobre el tema por parte de los funcionarios del Estado que tienen la responsabilidad de abordar este problema social y no solo enfocarse en la prevención como acciones puntuales y aisladas de difusión masiva de información.

Finalmente, en cuanto al análisis del delito en el contexto minero, solo el plan de gobierno de PPK considera el DS 003-2014 PCM [2] que aprueba la Estrategia Nacional para la Minería Ilegal ya que en su artículo primero realiza una mención a los delitos conexos a esta actividad entre los que se encuentra el delito de trata de personas pero, no plasma en su documento la realidad circundante a los campamentos mineros y la que se vive incluso dentro con la explotación de tantas niñas y mujeres víctimas de trata en “prostibares”, o de la explotación laboral de niños y adolescentes varones en los huecos para extracción de minerales. Visibilizar esta realidad ayudará a que el próximo gobierno tome medidas efectivas para combatir la trata de personas en regiones como Madre de Dios o Puno.

Desde CHS Alternativo consideramos que ante todo, la lucha contra la trata de personas se inicia al asegurar la voluntad política del nuevo mandatario(a) para que a nivel nacional se asignen los recursos necesarios para enfrentar este delito, y que se exija a los sectores involucrados que las acciones sean diseñadas y ejecutadas con medición de resultados y posibilidades de réplica en las regiones y localidades asegurando el cumplimiento de los lineamientos que manda el PNAT y que se evalúa y/o reformula cada cinco años.

Aseguramos que como sociedad civil, continuaremos con nuestro rol de vigilancia y promoción de políticas públicas a nivel nacional, buscando acercar a la ciudadanía al Estado, y evidenciando el impacto real de la gestión de turno sobre la trata de personas a través de auditoría social a la gestión pública, siendo conscientes que el enfrentamiento a este delito depende de todos los involucrados, y será resultado de un trabajo conjunto y articulado.

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[1] Cifras estimadas por proyección en base a data del Observatorio de la Criminalidad – MP, 2009 – 2015.

[2] Decreto Supremo 003-2014 PCM. Art 1 “Apruébase la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, con el objeto de erradicar los principales enclaves de la minería ilegal y reducir significativamente, los delitos conexos a esa actividad, entre ellas, la trata de personas, evasión tributaria, daño ecológico, y otros, en todo el territorio nacional…”.