El informe (1) internacional sobre el Índice Global de la Esclavitud, presentado recientemente ante el mundo, señala que en el Perú hay más de 200 mil víctimas de trata de personas. Además señala que Lima, Loreto y Madre de Dios son las regiones con la mayor cantidad de casos.

El día de ayer en el Congreso de la República, el premier Pedro Cateriano acompañado de los ministros del Interior José Luis Pérez Guadalupe, y Marcela Huayta, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, rindieron cuenta ante menos de 30 -de 130- congresistas de la República; una presentación que debió realizarse el 23 de setiembre de 2015, de acuerdo a la Ley 29918. 

La presentación del informe sobre la implementación del PNAT 2011-2016 y los avances de los diversos sectores, evidenciaron que desde el Ejecutivo se ha priorizado el fortalecimiento de los aspectos normativos de la trata de personas; sin embargo, la falta de presupuesto, de recursos humanos especializados en el tema y de voluntad política, entre otras; evidencian nuevamente las limitaciones del Estado para garantizar una plena protección y garantía de los derechos de las víctimas de la trata de personas y el reto que significa desarrollar e implementar las estrategias integrales para prevenir y perseguir este delito.

Saludamos los esfuerzos del Estado y de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, sin embargo aún queda pendiente saber cómo se justificará la disminución del presupuesto para el 2016 a un tercio de lo asignado en el 2015, cuando el número de víctimas se viene incrementando. De acuerdo a la Ley de Presupuesto del sector Público 2016, la inversión específica del Estado contra la trata de personas es de S/. 3´279,723 en el 2016, frente a los S/.8´863,742 invertidos durante el 2015.

Por otro lado, el Estado reconoció que el 50% de las víctimas de trata de personas son niñas, niños y adolescentes entre 13 y 17 años. Sobre esta realidad, y considerando que en el Perú hay alrededor de 7 millones de personas en este rango de edad, no se señalaron las medidas para proteger directamente a este grupo de población en el eje de prevención.

Además, sobre el eje de persecución y sanción, la congresista Rosa Mavila resaltó con preocupación que en los últimos 7 años solo hay 21 sentencias condenatorias, lo que evidencia un alto grado de impunidad en el sistema. Faltó señalar cuáles son las acciones del Estado para reducir esta situación.

Otro de los puntos que esperábamos escuchar del Ejecutivo fue el relacionado con la atención y protección a las víctimas de este delito ya que solo 2 de los 291 centros de atención residencial están especializados en la atención de víctimas de trata de personas, sobre este tema nos seguimos preguntando, cómo se plantea brindar una adecuada atención a las 3,426 víctimas de este delito. Sin embargo, sí fue significativo el anuncio de la Ministra Huayta sobre la creación de un albergue para hombres adultos y sobre lo que estaremos atentos.

El actual gobierno está finalizando su mandato y el nuevo gobierno deberá estar preparado para actuar. No se puede dejar pasar más tiempo descuidando las acciones directas que repercuten en la prevención, protección, persecución y sanción de este delito. Como bien señaló el ministro Pérez Guadalupe, queda la posta del trabajo a quienes asuman las carteras del Ejecutivo en el nuevo gobierno, quienes deberán revertir los 3 millones de soles que se han asignado este año para las acciones del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas que involucra a 13 ministerios, 26 gobiernos regionales y más de 1800 gobiernos locales.

(1) Global Slavery Index 2016