El Perú tiene nuevo presidente. Durante su primer mensaje a la nación, el presidente Pedro Pablo Kuczinsky señaló como una de sus prioridades el “bienestar de las personas” como parte de su visión de un país moderno. Esto significa, parafraseando al propio presidente, respetar los derechos humanos, eliminar toda forma de discriminación, luchar contra todo tipo de violencia, superar los actuales niveles de corrupción y asegurar que ningún crimen quede impune. 

Estas referencias no son circunstanciales, sino que forman parte de una visión estructurada en su plan de gobierno, donde señaló como valores fundamentales para el desarrollo individual y colectivo de la sociedad a la solidaridad, libertad, igualdad y justicia social. En este plan la trata de personas está considerada como una problemática a enfrentar, y estamos ante un delito que atenta directamente contra los derechos humanos, que además es una forma de ejercer violencia, y se requiere un Estado con valores para hacerle frente desde los sectores de gobierno involucrados. Asimismo, la corrupción, impunidad, tolerancia social, inequidad, y las brechas que se generan por la falta de acceso a la educación, salud, saneamiento, entre otros; son factores que han cimentado su impacto y que aún en la actualidad hacen sostenible esta forma de criminalidad que, con los años, se ha transformado para muchas y muchos en una forma de vida, sea como víctima o victimario.

De todos estos aspectos, la expresión más clara de la indolencia que puede demostrar el Estado y la sociedad frente a la trata de personas es la evidente y lacerante impunidad. El proceso de rescate de las víctimas sobrevivientes de la trata de personas implica no solo la acción de la policía y fiscalía de encontrar a las víctimas y alejarlas de sus explotadores, sino que requiere de un sistema de justicia que las reconozca y trate como víctimas, brindándoles la seguridad, representación legal, impidiendo su revictimización, entre otros aspectos.

El presidente Kuczinsky ha asumido en su discurso el compromiso de trabajar por la reforma de la justicia oportuna (y, agregaríamos, accesible y eficaz). Esto significa, en el caso de las miles de víctimas de trata de personas, una labor orientada a reconocer sus derechos, buscando no solo que los tratantes sean sentenciados como producto de un proceso de investigación adecuado; sino también que existan indemnizaciones justas que se acerquen al costo que ha significado la pérdida de varios años de vida en explotación en las condiciones más deplorables.

Esperamos que las acciones de reforma desde los sectores de gobierno vinculados a la trata de personas tomen en cuenta a las víctimas de trata de personas y de los delitos afines a ésta, y sus necesidades de justicia, pero también la urgencia de un acceso a servicios de salud mental adecuados; oportunidades de empleabilidad que tomen en cuenta el daño que este delito causa a sus habilidades; entre otros aspectos que eviten que su ciclo vital y su proyecto de vida queden truncos.

Sus familiares y quienes desde la sociedad civil trabajamos para evitar que este delito crezca, estaremos atentos al alcance de los indicadores que se planteen y que éstos repercutan en quienes más lo necesitan. Por ello, será clave cumplir con lo señalado en su plan de gobierno: “Diseñar e implementar con los recursos necesarios un nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas para el período 2016-2021, en el marco de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus diversas Formas de Explotación, las leyes nacionales e internacionales vigentes y, bajo una perspectiva de prevención y protección de los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes de este delito”.