Después de ocho meses de espera, Fernando Zavala, primer ministro; Carlos Basombrío, ministro del Interior; y Ana María Romero-Lozada, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se presentaron ante el Congreso de la República en cumplimiento de la Ley 29918, que obliga al Poder Ejecutivo a dar cuenta anualmente sobre la implementación, ejecución y resultados del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas – PNAT, presidido por el Ministerio del Interior.

De la presentación del premier y sus ministros, rescatamos el compromiso en el aumento del presupuesto contra este delito. En esa medida, Basombrío señaló que este año se aumentó en 7 millones 500 mil soles el presupuesto del Ministerio del Interior a fin de fortalecer la lucha y equipar a las unidades especializadas en trata de personas. Sin embargo, la calidad en la ejecución del presupuesto asignado es un factor clave frente a este delito, pues no se trata solo de aumentar el presupuesto, sino de asegurar una ejecución eficaz y eficiente del mismo. Como se señala en el IV Informe Alternativo, el gobierno anterior no solo redujo el presupuesto sino que no adoptó las medidas necesarias para garantizar la ejecución del presupuesto asignado a nivel de las instancias nacionales y subnacionales. Un ejemplo de ello es lo acontecido en la Municipalidad de Comas, que asignó un presupuesto de más de 620 mil soles para el año 2015, sin embargo su nivel de ejecución no superó el 16%.

En la presentación, respecto a los ejes de prevención, protección y persecución del delito, solo se resaltaron actividades puntuales realizadas por algunos sectores del Estado, no informándose de aspectos importantes como la propuesta de un enfoque nacional de prevención multisectorial, o los resultados de la interconexión entre el sistema RETA y el SISTRA, compromiso pendiente desde el año 2015, y que representaría un avance en la persecución del delito.

De la estación de debate, rescatamos los comentarios de la congresista Karla Schaefer, quien insistió en la necesidad de que el Estado implemente una política integral contra este problema social, basada en las conclusiones del IV Informe Alternativo y el señalamiento de la congresista Marisa Glave quien demandó la elaboración de un protocolo en salud física, mental y reproductiva que garantice una atención adecuada y con respeto de sus derechos a las víctimas de la trata de personas. Por su lado, el congresista Alberto Quintanilla, resaltó la importancia de atender las causas estructurales que generan las condiciones de vulnerabilidad para la reproducción de este delito.

Frente al nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021, uno de los puntos más esperados de la presentación, se indicó que se ha culminado su elaboración con la participación de los diversos sectores del Estado con responsabilidad en su ejecución, el mismo que contará con una línea de base y un sistema de monitoreo permanente que permita medir su cumplimiento. Se señaló, además que tendrá como prioridad el desarrollo de un proceso descentralizado a través de la asistencia técnica para la elaboración e implementación de planes regionales y la asignación de presupuestos específicos. 

Consideramos de gran importancia la aprobación del nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021, instrumento que fortalecerá la política pública orientada a la erradicación de este delito que afecta en sus derechos fundamentales a miles de personas, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país y, en tanto integrantes de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CHS Alternativo en articulación con otras instituciones de la sociedad civil, continuará con su labor de auditoría social pero a la vez de colaboración con el Estado para la implementación y cumplimiento del nuevo Plan Nacional.