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Publicado: 2017-05-15
Entrevista a Indira Huilca, Congresista de la República
- 1. Desde el Congreso de la República y particularmente desde su bancada, ¿cuáles son las principales propuestas a nivel de fiscalización y legislación sobre el delito de trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes?
- Lo que en principio propusimos durante el debate sobre presupuesto que se dio el año pasado es que no se siga disminuyendo el presupuesto que está orientado a implementar el Plan de Acción Contra la Trata de Personas (PNAT). Nos parece preocupante que en comparación a otros años, el año pasado se disminuyera el presupuesto hacia las acciones contra la trata de personas. Lo segundo en lo que también hemos puesto énfasis, es en la necesidad de articular estos planes con los gobiernos regionales y subnacionales. Lo que nos llamaba la atención es que en muchos lugares donde hay una resistencia a estos delitos se tienen que conformar ciertas comisiones multisectoriales donde participan la sociedad civil y los gobiernos regionales, sin embargo, en muchos casos, estos no son implementados de una manera correcta o no hay realmente una fiscalización del ente rector para que estas comisiones funcionen realmente como espacios que sirvan para hacer seguimiento a los planes y para darle realmente participación a la sociedad civil. Entonces, nos parece clave que una política adecuada en torno a la trata de personas empiece a partir de la evaluación de resultados.
- 2. Con la reciente derogación del Decreto Legislativo N 1323 y considerando que la trata de personas es una forma de violencia contra la mujer que puede devenir en casos de feminicidio, ¿considera que se le está dando al delito de trata de personas el abordaje adecuado dentro de la agenda política del Poder Legislativo? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos?
Todavía creo que no, lastimosamente la trata de personas es uno de los problemas criminales más extendidos a nivel mundial y nuestro país no está libre de eso, en varias regiones lastimosamente no se ha legislado en esta materia y tampoco hay un trabajo activo por parte del Congreso de la República para ayudar y revertir esta situación, entonces sí hay un gran trabajo que hacer. El mencionado decreto legislativo incorpora una serie de delitos conexos a la trata de personas como es la explotación sexual y el trabajo forzoso, sin embargo, por parte del Congreso todavía no hay una conciencia sobre lo que esto implica.
Considero que la presentación de hoy (del premier, el ministro del Interior y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) va a servir para que el Congreso entienda con las alarmantes cifras que se van a mostrar que hay mucho por hacer en la materia. Por una parte, se debe trabajar en la legislación, pero también en regiones, empezar a evaluar cómo la política está teniendo impactos en los territorios concretos, porque cada territorio tiene una dinámica particular, algunos son zonas de captación, otras de explotación, entonces es allí donde uno puede articular con la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Tenemos que identificar a partir de un diagnóstico qué está pasando, tenemos una política que funciona a nivel nacional y multisectorial, pero todavía falta que esa política aterrice concretamente en los territorios.
- 3. En relación al trabajo del Estado en la lucha contra la trata de personas, a nivel general, ¿cuál es el balance de la situación y qué ejes en particular son los que requieren mayor atención?
- Hay zonas emblemáticas y territorios en particular donde hay alta incidencia de casos de trata de personas, conocemos las zonas en donde se da con mayor frecuencia, en la Amazonía hay una situación compleja de abusos y de explotación de jóvenes, sobre todo de las mujeres en ese tipo de actividades. Conocemos muy bien la situación de muchas regiones donde se da la trata de personas, entonces, ya mapeadas las zonas donde este delito se presenta con mayor frecuencia, creo que falta una mayor fiscalización en las áreas donde cumplen ciertas actividades los actores dentro del Estado en implementar la política como la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Es importante mencionar que se requiere un enfoque de derechos humanos y no solo criminal, evidentemente nos preocupa el componente delictivo, pero lo que hay que ver es la situación y la mirada desde las víctimas para no solo romper estas redes delincuenciales o estas bandas, sino con motivo de recuperar a las víctimas que han venido cayendo en este tipo de actividades. Es allí donde están faltando algunos pasos concretos para recuperar a las víctimas una vez que se las ha rescatado. Lo que no está logrando el Estado es reinsertarlas en una actividad económica que les permita recuperar su autonomía, y sobre eso hay que trabajar bastante.
- 4. A nivel del fortalecimiento institucional de las instituciones y espacios especializados en la lucha contra la trata de personas, ¿cómo se podría contribuir a este objetivo desde el Congreso de la República?
- Hay diferentes dimensiones para abordar el tema de la trata de personas, y la política hace bien en identificarlas (prevención, persecución y atención). En cada una de esas dimensiones hay que identificar cual va ser la tarea fundamental para los siguientes años, creo que desde el eje de prevención muchas veces las instituciones trabajan de manera aislada. No hay una estrategia única que articule la prevención ligada al enfoque de igualdad de género pese a que se conoce que la trata de personas tiene un rostro femenino. Cuando las familias, sobre todo aquellas que tienen mayor dificultad económica, tienen la posibilidad de que sus hijos e hijas vayan a la escuela y no interrumpan su formación escolar, logran reducir las posibilidades de que ellos sean vulnerables a estas redes que terminan captando y convenciendo a los padres para dejar a los hijos a merced de la trata de personas. Es necesario establecer el enfoque dentro de la Policía de que este es un problema que tiene un matiz de género, no se trata solamente de que la Policía sea una especie de brazo que ayuda a la justicia para la recuperación y las intervenciones, sino la Policía actúe como un canal preparado y bien capacitado para comprender el problema de la trata en la complejidad de este.
- 5. Finalmente, desde su rol como presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, ¿cuál es su compromiso en relación a la lucha contra la trata de personas?
- Mi compromiso durante estos años, como responsabilidad que tenemos en el Congreso de la República y durante el tiempo además que tengamos que presidir la Comisión, es el no dejar de visibilizar este problema como uno de los más importantes que tienen poblaciones vulnerables como las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además tenemos un grupo de trabajo especializado en el tema, en el que se están trabajando algunas propuestas legislativas relacionadas al perfeccionamiento de tipos legales de delitos conexos como la explotación sexual y el trabajo forzoso. Por otro lado, el problema con este tipo de delitos tan grandes, pero a la vez tan invisibles es que la opinión pública no suele estar al tanto de esto, o sea se conoce de manera bastante subrepticia y por ello no hay verdaderamente una conciencia de que tenemos una gran posibilidad de que muchas personas que estén en zonas vulnerables por razones económicas y hasta por razones culturales, puedan terminar siendo víctimas de este tipo de problema. Entonces, sí hay que hacer una vocería muy fuerte desde el Congreso de la República, salir a hablar y a debatir sobre este tema, y propiciar de que sea parte de discusión en las escuelas, con los padres y con las autoridades. Creo que esta labor, la de permanentemente hacer que este tema sea parte de la agenda pública es uno de las labores principales de los congresistas aquí en el Congreso de la República.
