Primero quiero señalar que este decreto fue promulgado el 30 de diciembre del 2016 y se dio en el marco de la delegación de facultades del Legislativo al Poder Ejecutivo para normar en temas en temas de violencia y de seguridad ciudadana en el país. Entonces, considerando que la violencia en nuestro país afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, nos correspondería como ente rector dar medidas que estén dirigidas a prevenir las formas de violencia hacia esta población vulnerable.  

De alguna manera, por circunstancias ajenas a la voluntad del Estado o de las propias familias, los niños, niñas y adolescentes podrían verse expuestos a situaciones de violencia en las calles, en los barrios, en los propios lugares donde viven, en sus vecindarios y en otros lugares del país. Esto tiene que ser analizado desde la intervención del Estado, promoviendo la participación de la familia, por eso es que este Decreto Legislativo establece esta ley de protección a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o con el riesgo de perderlos, es decir, que están en riesgo de caer en abandono, contar con padres o una familia.

Entonces, aquí se requiere examinar la intervención del Estado y de la sociedad civil para confluir en esfuerzos que beneficien a las niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, velando por su interés superior en todas las medidas, esto llevó a revisar la necesidad de modificar la ley general de adopciones, la ley sobre el acogimiento familiar y la ley de mendicidad infantil que establecía casi una suerte de penalidad para las víctimas de mendicidad, que es una forma de explotación. Frente a esas situaciones hemos previsto que sean las Demuna (Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente), que en nuestro país cubren casi el 9 % de todas las municipalidades del país, quienes tomen conocimiento e intervengan para poder tomar medidas de protección ante situaciones de riesgo. Muchas veces se trata de situaciones típicas en las cuales la medida de protección es en el propio hogar, es decir, con los propios padres. Sin embargo, si nos encontramos frente a una situación de vulnerabilidad de un niño o niña que permanece en encerrado en su casa porque probablemente no hay nadie que los cuide, ahí quizá se habrá que tomar otras medidas de protección que hay que evaluar bien.

En primer lugar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector de todo este sistema nacional de atención integral de niños, niñas y adolescentes, por lo tanto no son solo recomendaciones que da el Ministerio sino son prácticamente normas y para esto se cuenta con una Comisión Multisectorial de implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. En este marco está el resultado 22 que establece que las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales se deben integrar a una familia, este es el marco referencial que tenemos para poder proceder en el plan de desinstitucionalización, para lo cual la ministra ha conformado una comisión de alto nivel para poder trabajar este plan. 

El tema de presupuesto también es una preocupación nuestra y estamos trabajando en la elaboración y complementación de un Programa Presupuestal que aborde el tema de la niñez y la adolescencia, el cual queremos fortalecer puesto que incluye el eje de la desconcentración del servicio de las unidades de protección especial. Se trata de construir algo que en muchos años no se ha venido trabajando, de hecho, hemos encontrado que no existía un historial de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes que si bien tienen nombre y apellido terminan siendo para el Estado un NN.

Entonces la adopción es una alternativa, pero no es la única porque existen en nuestro país familias que tienen la posibilidad y la voluntad de acoger. Habrá algunas que inclusive podrán recibir un apoyo económico que no será sustancial, pero que se dará para los efectos que se quiere lograr, que es reintegrar a los niños y adolescentes a sus familias.

Tenemos allí un serio problema puesto que contamos con tres Centros de Atención Residencial especializados en estos delitos en Iquitos, Madre de Dios y Lima, pero esperamos contar con otros albergues especializados en el futuro. Lo que también nos preocupa es cómo estas víctimas pueden ser reintegradas a familias, definitivamente el proceso de investigación tutelar o de protección especial tiene que ser un estudio a profundidad sobre la existencia de condiciones para que estas víctimas puedan regresar con sus familias de origen, ya que podría haber casos en los cuales la familia resulta estar involucrada en las situaciones de explotación, y esto no les da las condiciones de protección adecuadas a las víctimas.  

Tenemos que fortalecer este sistema de acogimiento familiar, pero también trabajar en la reintegración a la vida cotidiana y para eso se requiere de una intervención especial. En este sentido, estamos viendo cómo realizar convenios con la Universidad Católica y con algunas instituciones de la sociedad civil, estas últimas cuentan con experiencias de poder trabajar en la profesionalización y capacitación técnica de niños, niñas y adolescentes que están próximos a salir de un Centro de Atención Residencial, para que puedan salir adelante solos. No contamos actualmente con recursos para poder realizar ese tipo de intervenciones, pero tenemos que trabajar con las experiencias que se están dando de manera exitosa en algunas instituciones de sociedad civil.