La esclavitud moderna se refiere de manera general a las condiciones de vida y trabajo que son contrarias a la dignidad humana, a través de las cuales se rebaja a una persona a la calidad de objeto de mercancía, y presenta además una relación directa con el mundo del trabajo. El trabajo forzoso es una forma en que se presenta la esclavitud en pleno siglo XXI. La situación de encierro de un trabajador, junto a condiciones abusivas de trabajo (que pueden reflejarse en la remuneración, en el horario de trabajo, en el ambiente en el que realiza la actividad laboral y la ausencia de medidas de seguridad), es un grave indicador de trabajo forzoso.  

Si bien los estudios muestran justamente que la mutación de la esclavitud ha llevado a que no sea necesario el encierro bajo llave o mediante cadenas de una persona para afirmar que se encuentra privada de su libertad (por distintos mecanismos como el engaño, la amenaza o la inducción a deudas), la prueba de una restricción de movimiento así de evidente resalta la gravedad de este caso.

Algunas manifestaciones de la esclavitud moderna son la trata de personas, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso. Muchas de las víctimas trabajan en industrias como la agricultura, la pesca, la construcción, la manufactura, la minería, los servicios y el trabajo doméstico, pero no son los únicos sectores; además no solo se produce en el ámbito rural sino también en el urbano y normalmente ocurre de manera oculta y en un ambiente caracterizado por la criminalidad.

El Plan Nacional se viene implementando bajo el liderazgo de la Comisión Nacional para Lucha contra el Trabajo Forzoso, la cual es presidida por el Ministerio de Trabajo. Se presentan avances importantes en diferentes niveles, como la realización de campañas de difusión de derechos en regiones priorizadas, la aprobación del Protocolo Intersectorial contra el Trabajo Forzoso, el Protocolo de Actuación Inspectiva, así como más recientemente la incorporación del delito de trabajo forzoso en el Código Penal; sin embargo, los retos aún son grandes en términos de articulación de actores, de control de cumplimiento de la normativa y de recuperación efectiva de las víctimas.   

La promoción de la justicia social y de los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos constituye la esencia del mandato de la OIT. Bajo ese marco, la OIT brinda asistencia técnica al gobierno, organizaciones de trabajadores y empleadores a fin de fortalecer el diseño e implementación de la política pública para la erradicación del trabajo forzoso. Bajo ese marco, la OIT viene apoyando a la Comisión Nacional en aspectos como la generación de conocimiento (estudios en sectores priorizados); sensibilización y generación de conciencia (campañas de comunicación a escuelas secundarias, materiales de tutoría, alianza con actores regionales); mejora y actualización del marco de política y normativo (evaluación del plan nacional vigente y elaboración de uno nuevo), fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia, así como de organizaciones de trabajadores, entre otros. La OIT viene apoyando también en el diseño de una intervención para atender e iniciar el proceso de recuperación de presuntas víctimas y población vulnerable de trabajo forzoso y trata de personas. Se busca aprovechar los servicios públicos que brinda cada institución y articularlos de tal manera que la víctima reciba atención de manera oportuna. Para ello es clave mejorar las bases de información del país y contar con datos más precisos que permitan focalizar las intervenciones. En ese contexto, el MTPE y el INEI se han comprometido a realizar, con la asistencia de la OIT, la primera encuesta sobre población en riesgo de trabajo forzoso, en actividades económicas priorizadas. Esto constituye un paso importante frente a la ausencia de estadísticas nacionales, y con miras a la mejora de las intervenciones.